2024. Inteligencia artificial, estadística criminal y decisiones penales
Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a clasificar expedientes, detectar patrones financieros, analizar grandes volúmenes de evidencia o asignar recursos. También pueden influir en vigilancia, evaluación de riesgo, medidas cautelares, sentencia o ejecución. Su uso incide en el ODS 16 porque afecta a eficacia institucional, igualdad, transparencia y debido proceso. La innovación solo es legítima si mejora la justicia sin sustituir la responsabilidad humana.
Los datos históricos reflejan prácticas previas, incluida vigilancia desigual de determinados barrios o grupos. Un modelo entrenado con esos datos puede reproducir y amplificar sesgos. La exactitud global no garantiza igualdad: deben examinarse falsos positivos y negativos por grupos, variables indirectas, calidad de los registros y cambios temporales. La estadística criminal tampoco equivale a criminalidad real, pues depende de denuncia, prioridades policiales y criterios de registro.
Toda herramienta con efectos relevantes necesita base jurídica, finalidad definida, evaluación de impacto, documentación, seguridad, auditoría y supervisión humana efectiva. La persona afectada debe conocer el papel del sistema, comprender los factores decisivos y poder impugnar datos y resultados. El secreto comercial no puede impedir la contradicción cuando una herramienta influye materialmente en una decisión que restringe libertad o derechos.
La IA no debe transformar correlaciones en presunciones de culpabilidad ni atribuir a una persona el comportamiento medio de un grupo. La individualización judicial exige prueba del hecho y motivación propia. En investigación, las alertas algorítmicas pueden orientar diligencias, pero no reemplazan los presupuestos legales de registros, intervenciones o detenciones. La minimización y los plazos de conservación protegen frente a vigilancia acumulativa.
Los indicadores de buen gobierno algorítmico incluyen precisión desagregada, errores corregidos, impugnaciones, auditorías, trazabilidad, incidentes de seguridad y efectos sobre derechos. También debe medirse si la tecnología reduce retrasos y facilita acceso. El ODS 16 exige instituciones eficaces y responsables: una decisión no se vuelve objetiva por ser automatizada. La legitimidad depende de que pueda explicarse, revisarse y atribuirse a una autoridad humana responsable.
Metas principales: ODS 16.3, 16.6, 16.7 y 16.b; conexión con ODS 9 y 10.
Fuentes institucionales de referencia: Naciones Unidas, metas e indicadores de los ODS; UNODC, materiales sobre prevención del delito, justicia penal y Estado de Derecho.